Empresas y comerciantes en procesos de restitución de tierras en Colombia.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha decantado la diferencia entre la buena fe y la buena fe exenta de culpa. Esta última implica que las personas y empresas debieron cumplir con un alto nivel de diligencia en su comportamiento negocial.

La Ley 1448 de 2011 conocida como Ley de Víctimas creo un procedimiento judicial para que, las víctimas del conflicto armado pudieran retornar a los predios de los que fueron despojados y desplazados. Tras mas de cincuenta años de conflicto y violencia, la propiedad de la tierra se transfirió entre diversas personas naturales y jurídicas. Fue así que, diferentes personas y empresas han llegado a ser propietarios de predios en los que los actores de la guerra hicieron presencia. Este contexto ha generado que, múltiples empresas vean cuestionadas la propiedad de la tierra que en los últimos años adquirieron.

Actualmente, en los procesos de restitución de tierras diversos jueces y magistrados discuten si los terceros que adquirieron la propiedad de la tierras lo hicieron bajo los parametros de la buena fe exente de culpa. Pero ¿a que se refiere la expresión buena fe exenta de culpa? Sin entrar en detalles la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha decantado la diferencia entre la buena fe y la buena fe exenta de culpa. Está última implica que las personas y empresas debieron cumplir con un alto nivel de diligencia en su comportamiento negocial. En otras palabras, que desplegaron una serie de conductas y gestiones que permiten acreditar y afirmar que, la compra de un predio se hizo sin el conocimiento previo del contexto de violencia.

La demostración de la buena fe exenta de culpa además de permitir el derecho a una compensación se convierte en un importante respaldo para la reputación del opositor en los procesos de restitución de tierras en los que, el demandante por regla general es una víctima del conflicto armado.